Cientos de miles de dreamers amparados por el programa DACA continúan una lucha legal ante la posibilidad de quedar desprotegidos por el programa creado desde el 2012.
Esta semana, nueve estados gobernados por republicanos le solicitaron a un juez federal en Texas que bloquee una regla que protege a casi 600,000 inmigrantes indocumentados que fueron traídos de niños a Estados Unidos.
La medida representa una amenaza más para los llamados “dreamers”, que han podido vivir y trabajar en los Estados Unidos legalmente.
El 5 de octubre de 2022, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans decidió que el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido como DACA) “viola la ley de migración de Estados Unidos”.
La autoridad mencionada aceptó estar de acuerdo con el decreto sobre “ilegalidad” de DACA emitido por la Corte del Tribunal de Primera Instancia el año pasado, en julio de 2021.
Pese al fallo, las renovaciones para los beneficiarios de DACA siguen abiertas, por lo que las personas inscritas tienen acceso a los beneficios previamente adquiridos.
Un día después del fallo, el 6 de octubre, el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, entre los que manifestaron desacuerdo, emitió su descargo:
“Estoy sumamente decepcionado por el fallo […] y la continua incertidumbre que crea para familias y comunidades en el país. Estamos evaluando el dictamen de la corte y trabajaremos con el Departamento de Justicia en cuanto a la respuesta legal apropiada”.
Existen casos de ‘dreamers’ que pueden cautivar a muchas personas. Con la implementación del programa de “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA, por sus siglas en inglés) en 2012, cientos de miles de beneficiarios como Adonías, Jackie, María Paola y Camila, de los que hablaré poco más adelante, pueden acceder a una licencia de conducir y permiso de trabajo temporal en Estados Unidos. Pero DACA no ofrece un estatus legal permanente ni alguna vía para obtener la ciudadanía estadounidense. Por lo contrario, debe renovarse cada dos años.
La legalidad de DACA genera una interrogante sobre ¿Por qué sigue vigente, si han anunciado que es ilegal? A lo que el politólogo, Fabio Naranjo explicó:
“Es muy interesante esto porque lo declararon ilegal, pero el Congreso no le ha dedicado tiempo a esto para pelear, porque en realidad a los congresistas no les conviene tomar una acción positiva y progresista para resolver la situación de DACA. Temen que, si toman acciones contra los ‘dreamers’, los votantes van a resurgir […] en las elecciones presidenciales del año 2024”.
Hanen declara “ilegal” a DACA en 2021
Nominado por el presidente George W. Bush, el juez Hanen del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Houston declaró “ilegal” por primera vez el programa DACA el 16 de julio de 2021. Posterior al fallo, Hanen expresó que el presidente Barack Obama se excedió en su autoridad cuando decidió aprobar DACA, a través de una orden ejecutiva, el 15 de junio de 2012.
Asimismo, el magistrado del distrito sur de Texas explicó que el gobierno estadounidense podrá aceptar renovaciones de aquellos ‘dreamers’ que adquirieron DACA antes de que este beneficio fuera declarado ilegal por primera vez en julio de 2021.
Además, Hanen aclaró que su decisión no debe ser interpretada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) u otras agencias gubernamentales como una orden de cancelar DACA para quienes cuenten con ese beneficio.
Dos propuestas sobre la mesa, pero ninguna legislación
En un periodo de 10 años, ni el partido republicano ni el partido demócrata logran concretar sus propuestas migratorias en el Congreso.
El 15 de junio de 2022, DACA cumplió su décimo aniversario de existencia. Pero este programa federal aún enfrenta desafíos legales y pocas posibilidades de obtener del Congreso una legislación permanente. A pesar que ambos partidos políticos, tanto republicano como demócrata, proponen proyectos de ley, ninguno adquiere la aprobación necesaria del Congreso para aprobar sus propuestas migratorias.
Propuesta Republicana: Dignidad
María Elvira Salazar, congresista republicana por el distrito 27 de Florida, introdujo el proyecto ‘Dignidad’ a la Casa de Representantes el 8 de febrero de 2022. Esta propuesta ofrece un programa de residencia legal para millones de inmigrantes indocumentados.
“Nuestro sistema de inmigración roto está fracturando a Estados Unidos, económica, moral, social y políticamente. Está amenazando el sueño americano y nuestra forma de vida”, expresó la congresista de Miami.
Salazar agregó que su propuesta tiene como objetivo “proteger nuestra frontera, brindar una solución digna a los inmigrantes en los Estados Unidos y apoyar a los trabajadores estadounidenses”.
Dentro de las disposiciones de la propuesta ‘Dignidad’ se incluye que los migrantes pasen una verificación de antecedentes penales, paguen impuestos atrasados y, como restitución, 1,000 dólares anuales por el periodo de 10 años al gobierno federal.
A pesar del acto de buena fe por parte de la republicana Salazar, el politólogo Naranjo expresa una postura pesimista.
“Esa propuesta no va a llegar a ninguna parte. La Ley ‘Dignidad’ no va a recibir los suficientes votos en la Casa de Representantes que le ayude a obtener los 218 votos requeridos o más, porque desafortunadamente no van a haber suficientes republicanos que la apoyen y tampoco va a recibir todo el apoyo que se buscaría de los demócratas”, dijo Naranjo.
Juan Carlos Gómez, abogado y director de la Clínica de Derechos Humanos de los Inmigrantes Carlos A. Costa, coincide con Narajo en cuanto al futuro de dicha propuesta. “Con todo respeto a la congresista, yo no creo que el proyecto de ‘Dignidad’ tenga sentido”.
En su discurso de victoria, tras ganar la reelección del distrito 27 en Florida, el 8 de noviembre de 2022, Salazar enfatizó la importancia de implementar su plan ‘Dignidad’ para los migrantes indocumentados y proteger las zonas fronterizas. Además, aseguró que “los hispanos no quieren fronteras abiertas”.
Propuesta Demócrata: Promesa y Sueño Americano 2021
La propuesta “Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021” presentada por la congresista demócrata Lucille Royball-Allard fue aprobada el 18 de marzo de 2021 por la Cámara de Representantes con 228 votos a favor.
Nueve congresistas republicanos apoyaron el plan demócrata que ofrece un camino para la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, incluyendo a los ‘dreamers’. Entre los republicanos que votaron a favor estaba la legisladora María Elvira Salazar.
Pese a que la propuesta demócrata recibió los votos necesarios para pasar la Cámara de Representantes no ha logrado avanzar más en el proceso legislativo.
Luis Moros, activista y estudiante de ciencias políticas, explica que “tenemos en este país un término legal llamado filibuster, el cual en realidad se refiere a que para que una propuesta de ley pase por la Cámara Alta debe tener no solo una mayoría, sino supermayoría”. Para alcanzar en el Senado una ‘supermayoría’ se requiere al menos 60 votos a favor.
En el contexto político actual, lograr una ‘supermayoría’ representa un reto ya que el Senado tiene una división casi parcial entre republicanos y demócratas.
La palabra de Biden
En un comunicado de prensa publicado el 5 de octubre de 2022, el mismo día que la Corte del Quinto Circuito corroboró la ilegalidad de DACA, el presidente Biden señaló que estaba “decepcionado” con el fallo.
“Y si bien usaremos las herramientas que tenemos para permitir que los ‘dreamers’ vivan y trabajen en el único país al que conocen como hogar, ya es hora de que el Congreso apruebe protecciones permanentes para los ‘dreamers’, incluyendo opciones para naturalizarse”, añadió el mandatario.
Hasta la fecha, los dreamers continúan en el limbo.
