Después de la afirmación del juez federal David Carter este lunes indicando
que “es más probable que no” que el expresidente Donald Trump haya cometido
delitos en su intento de detener la certificación de las elecciones de 2020, han
surgido diferentes pronósticos sobre los posibles escenarios. Uno de ellos es que
Trump podría enfrentar una condena de prisión.
“En teoría hay posibilidades de cárcel”, dijo el abogado constitucionalista y
de migración Angel Leal.
“Es difícil determinarlo a estas alturas, sin embargo, existe la posibilidad de
que el Departamento de Justicia investigue esta sospecha de obstrucción de la
justicia y eso es algo que definitivamente podría dar lugar a cargos.”
John Eastman, asesor jurídico de Trump, intentó retener documentos del
comité sobre la base de un reclamo de privilegio de abogado-cliente entre él y
Trump.
Su argumento es que él no debía entregar ningún correo ya que consideró
que estaban protegidos por el privilegio de confidencialidad; sin embargo, el
abogado Leal explicó que una de las excepciones a este derecho es que la
comunicación tiene que ver con un acto ilegal, por lo tanto “el privilegio deja de
existir.”
“La situación es impactante e interesante al mismo tiempo”, comentó
Melissa Burgess, estudiante de doctorado en política de FIU, quien además se ha
enfocado en estudiar la administración de Trump.
“Esta podría ser la primera vez en la historia en que un presidente parece
haber cometido obstrucción criminal mientras estaba en el cargo.”
A pesar de considerar la situación como un suceso histórico, Melissa
asegura que el hecho de que el juez haya llegado a esta conclusión no significa
necesariamente que Trump vaya a ser procesado.
“Es muy pronto para saberlo. Tendremos que esperar a ver lo que el
Departamento de Justicia decide que es necesario para esta investigación,” dijo
Burgess.
Inicialmente, el juez Carter ordenó la liberación de los correos electrónicos a
la comisión que investiga la insurrección en el Capitolio estadounidense.
Sin embargo, a la investigación se le sumó un factor más cuando se dio a
conocer que Virginia “Ginni” Thomas, la esposa del juez de la Corte Suprema,
Clarence Thomas, envió una serie de mensajes de texto al jefe de gabinete de
Trump, instándolo a tomar medidas para evitar la victoria de Joe Biden.
“En el caso de los mensajes de Ginni Thomas, podría no existir ilegalidad
de obstrucción de justicia; sin embargo, la situación es delicada por el hecho de
que el juez Thomas haya tomado parte en casos relacionados con las elecciones
del 2020 cuando su esposa presuntamente tiene un interés activo en eso”,
comentó el abogado Leal.
Según Leal, este caso es diferente a otros ya que a pesar de que existe una
ley federal que indica que un juez debe retirarse de un caso cuando un cónyuge
tiene un interés activo en el tema de litigio, en esta ocasión se trata de un juez de
la Corte Suprema, la cual es la “corte máxima del país.”
“No hay una corte superior a ella”, dijo el abogado Leal.
“Por lo tanto, la decisión de si debe apartarse o no le incumbe al propio
juez. Técnicamente las reglas de ética judicial que aplican a las demás cortes
federales no aplican a la Corte Suprema”.
A pesar de que la decisión de retirarse depende del juez, el día de ayer
algunos de los congresistas demócratas pidieron al juez Thomas que se aparte de
los casos relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
