La muerte del afro estadounidense George Floyd a manos de la policía de Minneapolis ha impulsado un movimiento en contra del racismo y del abuso policial alrededor del mundo.
En la ciudad de El Paso, TX, se ha creado el movimiento ‘Justicia for El Paso’ cuyo objetivo es transformar el departamento de policía de dicha ciudad.
Cada martes, un grupo de manifestantes se congrega exigiendo justicia por aquellos que han perdido la vida a manos de un agente de la ley. Algunos cargan pancartas mientras que otros llevan con ellos cruces de color blanco con el nombre de un familiar que, según ellos, murió injustamente.
Los familiares de Erik Salas-Sánchez se han hecho presentes en estas protestas, luego de que el joven de 22 años fuera abatido en el apartamento de su madre por el oficial Mando Kenneth Gómez en el 2015.
“Lo mataron dentro de mi casa, fue una injusticia. Mi hijo no era un ladrón, mi hijo no era un criminal, a mi hijo lo mataron en medio de la sala de mi casa. Fue una gran injusticia”, relató Celia Sánchez en una entrevista que se llevo acabo durante una caminata en contra de la violencia.
Por medio de un correo electrónico, el portavoz de EPPD, el Sgto. Enrique Carillo, le comentó a El Paso Times que no están dando comentarios.
“Debido a que el contexto de este tema está en concierto con la protesta comunitaria que es objeto de litigios actuales, no podremos responder a esta línea de preguntas.”
La brutalidad policial en esta ciudad fronteriza les ha salido caro a los contribuyentes. Según datos obtenidos por El Paso Matters, una organización de noticias sin fines de lucro, los impuestos de la ciudad han pagado alrededor de $1.7 millones para defender de cuatro demandas a agentes policiacos y a la ciudad.
Las demandas, presentadas entre el 2014 y 2018, alegan que el Departamento de la Policía de El Paso, bajo el liderazgo del jefe de policía Greg Allen, no está capacitado para responder a casos que involucran a individuos con problemas de salud mental, según El Paso Matters. Por lo que los manifestantes exigen despedir a Allen de su puesto.
“Hemos tenido suficiente del abuso y la fuerza excesiva de agentes de la ley locales, estatales y federales, particularmente contra inmigrantes y minorías raciales. Simplemente no toleraremos más este continuo desprecio de los derechos civiles y la falta de responsabilidad que impregna entre los departamentos de policía”, dijo en un comunicado Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza de los Derechos Humanos (BNHR).
En una entrevista previa, la hermana gemela de Salas-Sánchez, Nora Salas, declaró su sentir hacia los agentes de la ley.
“¿Sabes cuántas horas hace una persona que corta cabello para llegar a tener su licencia? Hay muchos lugares en donde hacen mil seiscientas. ¿Sabes cuantas horas hace un oficial? El que nos cuida, los que están para servirnos. Hay lugares en donde hacen de cuatrocientas a setecientas horas. Aquí se estudia más para cortar el cabello, que para ser oficial.”
El caso legal de Salas-Sánchez en contra de la ciudad de El Paso, el oficial Gómez y otros dos agentes involucrados, es la demanda en la que la ciudad ha gastado más dinero. Según información recolectada por El Paso Matters, la ciudad del sol ha gastado más de $1 millón en gastos legales.
En una transmisión en vivo de BNHR durante una de las protestas, Rosemary Rojas, una de las asistentes, comentó “lo que estamos pidiendo es eliminar la inmunidad calificada, que exime a la policía de ser procesada cuando asesinan a alguien […] si no hablamos, cada vez más seguirán siendo asesinados y continuarán operando sin impunidad, y eso no es aceptable”.
