“Resulta que no era lo que yo esperaba. Mi jubilación a los 60 años, que es en el caso de las mujeres, es súper baja. Hoy día con ese monto yo no vivo. En 15 años, menos.
Pero no se podía hacer nada porque la Constitución amarra esto, amarra lo otro…”, con estas palabras la chilena Mónica Pérez expresa la frustración que llevó a los estallidos sociales del 2019 en su país. En ese momento, se paralizó el país que había sido hasta la fecha el modelo socioeconómico de la región latinoamericana.
Las protestas en Latinoamérica han sido frecuentes en la historia moderna, lo particular de Chile es que de las cenizas surgió un compromiso o reconocimiento tácito: las últimas cuatro décadas de economía neoliberal no habían logrado crear el bienestar prometido a todos los ciudadanos del país y para reformarlo hacía falta derogar la constitución, creada durante la dictadura militar de los 80, y redactar una nueva. Ahora, tras un cambio de guardia política, al presidente Gabriel Boric, recién inaugurado, le toca supervisar el trabajo de la Convención Constitucional donde diputados, representando todos los partidos, intentan consensuar una nueva carta magna, para presentarla en plebiscito el próximo 9 de septiembre.
“La dictadura generó en las personas una especie de sumisión…Tiene que ver con que las personas tenían mucho temor con lo que hacer y decir. Esto en el tiempo se ha mantenido, estamos hablando de personas que a los 30 años estaban en plena dictadura”, dice Jaime Castillo.
Este reportaje explica como 30 años desde que se instaurase la democracia en Chile, la Constitución redactada durante la dictadura, continúa impidiendo reformar las principales causas del descontento popular de los chilenos: la privatización del sistema de pensiones y la falta de equidad entre la salud y la educación pública y la privada. Un descontento que se acumuló poco a poco hasta los estallidos del 2019.
También analiza, cómo los chilenos han logrado superar las protestas que paralizaron al país por cuatro meses, desde octubre del 2019 hasta el comienzo de la pandemia, y ahora están en pleno proceso de transformación constitucional para crear un sistema más acorde a sus necesidades, liderado por el presidente más joven de la historia de este país sudamericano.
El sistema de pensiones de Chile
“Cuando se creó este sistema se creó una ilusión sobre las pensiones que uno iba a tener al final de la vida laboral. Esa ilusión creció durante los últimos 30, 40 años y desafortunadamente se llegó a la realidad y la realidad era otra”, explica Fabián Duarte, profesor de economía de la Universidad de Chile. Los fondos de pensiones privados de Chile surgen en 1980 plena dictadura militar y sustituyeron a los sistemas públicos.
“La verdad es que se pensaba que en el año 2000, cuando tú terminaras de trabajar, tu pensión iba a ser del mismo monto que era tu sueldo. Y pasamos el año 2000 y la pensión es prácticamente el 15 o 20 por ciento de tu sueldo. Entonces no es lo que se prometió,” dice Castillo, un terapeuta chileno.
Al igual que Pérez descubrió que recae sobre sus hombros y sobre el resto de los chilenos. Las compañías privadas, conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile (AFP), no han cumplido las expectativas de retorno de inversión.
Y aunque la inflación en Chile nunca alcanzó los niveles críticos de Argentina a finales de los 80 y principios de los 90 de Venezuela del 2017 al 2021, los precios continúan subiendo según ciclos económicos, por ejemplo en el 2008 alcanzó un 8% y en el 2020, un 3%, reporta el Banco Mundial.
“El costo de la vida es tan alto que las pensiones no te permiten tener un buen pasar, un buen vivir y al contrario, te limitan acceso a medicamentos o a la alimentación, a la cultura, …”, explica Castillo.
“Esos modelos funcionan siempre y cuando la economía esté creciendo y siempre y cuando uno esté empleado. La lógica del sector privado es muy complicada”, explica el Dr. Eduardo Gamarra, politólogo de la Universidad Internacional de la Florida, FIU.
Pero para ciudadanos como Castillo y Pérez, especialista de productos y talleres del Banco Santander, tras décadas confiando un porcentaje de su sueldo a estas compañías privadas, el sistema les falló.
“Yo lo que quisiera hacer después de jubilarme es disfrutar un poco. A lo mejor viajar, conocer otros lugares, conocer mi mismo país. Un montón de cosas que uno quisiera hacer como persona que ya ha trabajado toda su vida,” dice Pérez, tras calcular su futura pensión, según los pronósticos recientes. “ Te das cuenta que no puedes, tienes que seguir pensando en que voy a hacer, en que voy a invertir…No somos un país muy barato que digamos, entonces tú haces esas proyecciones y dices no.”
Una realidad que contrasta con las expectativas que se crearon cuando Chile se convirtió en el país pionero al privatizar el sistema de pensiones obligando a todos los asalariados a aportar un monto a estas compañías privadas. Entonces, esta privatización de las pensiones de retiro “se celebró en todo el mundo,” incluso Estados Unidos analizó el modelo de pensiones chileno para intentar reformar su sistema de seguridad social, explica Gamarra.
La queja más común entre los entrevistados es que las AFP ganan al invertir el dinero que los usuarios aportan mensualmente; pero no comparten riesgos: “Todo lo que son pérdidas, siempre las asumen las personas. Todo lo que son ganancias van a las AFP y un porcentaje mínimo a las personas”, dice Castillo.
Otra, es que no hay alternativa: la Constitución obliga a todos los chilenos que reciben un salario a “cotizar” a estos planes de pensiones. Algo que no puede cambiar hasta reformar o cambiar la Carta Magna.
Además, los chilenos entrevistados coincidieron al mencionar que el estado, por obligarlos a invertir en estas compañías, debería también ser más vigilante y fiscalizar mejor la gestión de estas entidades.
“El control del Estado ha sido nulo…En el año 2020-2021, muchas personas que estaban por pensionarse, es decir personas que tenían entre 59 y 60 años, cerca de tomar la pensión, tuvieron muchas pérdidas. Perdieron 5 millones de pesos en un día. Eso es una injusticia”, dice Castillo.
Y es que los resultados de estas políticas se empiezan a ver ahora, cuando cada vez más chilenos alcanzan la edad de jubilación.
“La gente que tiene fragilidad en el trabajo durante su vida, que pierde mucho trabajo, ahorra poco para sus pensiones y finalmente termina con lagunas importantes y pensiones más bajas”, indica Duarte.
Existía otra forma de pensiones antes de la creación de las AFP en 1980. Para el profesor de música Vicente Fabres, este sistema llamado ‘cajas de previsión’ era mejor.
“La gente tenía acceso a sus fondos de ahorro y la gente podía obtener una buena jubilación. Donde yo trabajo conocí profesores ya viejos, que estaban a punto de jubilarse por el sistema antiguo y se estaban jubilando súper bien. Estaban varios millones de pesos ahí que estaban esperando”.
Bajo el sistema privado actual, que el profesor Duarte cree debe mantenerse, se pueden minimizar riesgos, pero habría que aceptar que los ingresos futuros vayan muy por debajo al salario propio:
“Lo mejor que uno puede hacer, en vez de hacer este tipo de sistemas individuales (fondos de inversión de las AFP), es moverse a un sistema que tenga un piso mínimo garantizado. Entonces uno tiene un piso mínimo garantizado que permite estar por sobre la línea de la pobreza o muy cerca de eso y eso permite subsistir cuando uno llega a la vejez”.
El sistema de salud en Chile
“Yo tuve una alumna que falleció el 18 de octubre, venía con cáncer a la médula. Ella estuvo en espera y estuvo en una clínica. La mamá endeudada para toda la vida. Mi alumna fallece…¿Qué pasa con esos niños, esos jóvenes, la gente que tiene cáncer? Porque la mamá tenía [Instituciones de Salud Previsional] ella pudo estar en un lugar en una clínica pero quedó sobre-endeudada”, explica Carol Mena, maestra de secundaria.
“Para acceder a la (salud) privada hay que pagar y pagar mucho”, dice Castillo, terapeuta ocupacional de la comuna de Talagante. Él, al igual que varios chilenos entrevistados, dicen que la salud en su país es desigual entre el sector público y el privado, principalmente por las diferencias en el costo de los servicios.
Al igual que en las AFP, el Estado obliga a todos los que reciban un sueldo a “cotizar” a una aseguradora de salud. Los chilenos tienen la libertad de escoger a cuál fondo desean mandar su dinero, pero existen diferencias marcadas entre el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y las ISAPRES.
“Las personas que no tenían dinero para pagar una ISAPRES tenían una salud muy mala. Esperaban años para realizarse procedimientos, filas tremendas, tenían que estar desde las 5 de la mañana para que los atendieran, todo el día esperando…En distintas áreas básicas de la vida del ser humano nos veíamos más o menos afectados”, indica Hector Griñen, sobre las diferencias entre los dos sistemas de salud de su país.
El Dr. Gamarra explicó que el tema de la salud en Chile tiene que ver mucho con la óptica con la cual se lo observe. Dijo que mientras muchos extranjeros, principalmente los bolivianos, ven el sistema de salud chileno como un ejemplo a seguir, los chilenos lo critican. Esto debido al costo de los servicios privados y la calidad de estos en el sector público.
Segregación en la educación chilena
“Si tu tienes dinero y puedes ingresar a tu hijo en un colegio, a una educación privada, te asegura una buena educación. Por lo contrario, si tu ingresas a tu hijo a un colegio público, no te asegura una buena educación. Por lo tanto esa también es una de las luchas que se ha dado y se sigue dando para llegar a una equidad”, dice Castillo sobre cómo el área de la educación se parece al de la salud en cuanto a las diferencias entre las instituciones públicas y privadas.
“El problema en Chile es que la educación está sectorizada por clases sociales. Entonces los colegios que tienen los mejores rendimientos están ubicados, geográficamente, cerca de las clases sociales altas”, explica Alex Cornejo, quien tiene un doctorado en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y dice que en su país la educación debe ser “democratizada”.
Cornejo indicó que una de las causas de esta “segregación académica” radica en el modelo de financiamiento que tienen los centros académicos, incluyendo la educación superior, que se estableció durante la dictadura militar.
Adicionalmente, Cornejo indica que el número de estudiantes que ingresan a las mejores universidades chilenas es mucho menor para aquellos jóvenes que provienen de instituciones públicas.
Tras la reforma de la Constitución chilena en 1980 se descentralizó la educación, es decir que los principios del mercado reemplazaron al estado como el principal sostenedor económico de esta institución, según la Biblioteca Nacional de Chile. La descentralización de la educación significó la transferencia de la responsabilidad del estado docente a los gobiernos locales. Por este motivo, surgió una racionalización de recursos, la cual afecto el financiamiento de la educación.
“En síntesis lo que se define es que la educación es un privilegio, no es un derecho. Y eso es uno de los principios básicos en los que se funda el sistema educativo neoliberal que estamos viviendo en este país”, explica Cornejo.
“Lo que importaba no era la calidad ni el cómo se formaba al estudiante, lo importaba era tener alumnos en las salas de clase”.
Para Castillo, una de las principales problemáticas del actual sistema de educación radica en que los jóvenes de la clase media y baja del país se tienen que endeudar si quieren recibir una educación superior de alta calidad. Esto debido a que deben recurrir a créditos con tasas elevadas.
Adicionalmente, Castillo explicó, que hay varios jóvenes que se endeudan para pagar sus estudios y posteriormente no logran encontrar un trabajo. Por lo que, al no tener un sueldo tras terminar sus estudios, no pueden pagar sus deudas. Y al no poder cancelar estos créditos, pasan por más dificultades y bloqueos a la hora de pedir nuevos préstamos para vivienda, transporte u otras necesidades cotidianas.
El legado de una Constitución creada durante la dictadura
“Muchas cosas están amarradas por la constitución antigua. Temas de salud, temas económicos, un montón de cosas. Por eso es que están velando para que no se pueda cambiar la Constitución, hay muchos. Pero necesitamos una Constitución nueva que abarque muchos temas”, dice Mena sobre cómo la Carta Magna creada durante la década de los 80 no apoya a los chilenos en áreas que para ellos son esenciales.
La Constitución de Chile vigente se aprobó durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, el 8 de agosto de 1980. Este documento lo ratificaron días más tarde, el 11 de septiembre del mismo año, en un plebiscito que fue altamente cuestionado por los opositores a la nueva Constitución.
La democracia regresó a Chile en 1990, pero la Constitución redactada por la junta militar de Pinochet se mantuvo en pie. Esto debido al desarrollo que generó su modelo económico pero, según los entrevistados, se descuidaron derechos básicos de los chilenos para lograr ese crecimiento.
“Acá lo que importa es vender…Solamente lo que importa en todos los estratos es el dinero. Por eso siempre es tan bueno Chile para los países de afuera, porque dicen que en Chile se gana dinero fácil”, dice Griñen.
La Constitución que quedó tras la salida de Pinochet y la llegada de la democracia se caracterizó por la apertura de Chile al mercado mundial, con el objetivo de diversificar tanto el comercio interno del país como sus exportaciones y atraer así al capital extranjero.
Otra parte clave del modelo económico apoyado por la Constitución de 1980, resulta en la privatización de varias industrias estatales. Como por ejemplo: La Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH).
El crecimiento desigual de Chile
“Es verdad que hay que reconocer que durante varios gobiernos si se lograron algunas cosas…No obstante, a pesar de que se lograron cosas concretas en varios temas, seguía habiendo una brecha de desigualdad impresionante. Vivir en un país con grandes niveles de desigualdad es una bomba de tiempo. Esa estabilidad no va a durar para siempre, porque hay mucha gente que está quedando fuera de ese milagro”, explica Fabres sobre como varios chilenos sienten que no fueron beneficiados por el desarrollo económico de su país.
El producto interno bruto (PIB) de Chile era de $75 mil millones en el año 1999 y con una población de 15.2 millones su PIB por habitante era de $4,934. Dos décadas más tarde, el tamaño de la economía chilena se incrementó a 279 mil millones y su población aumentó a 18.9 millones, con lo cual el PIB per cápita llegó a ser de 14,761 dólares.
Con estos datos presentes, el caso de la economía chilena se convirtió en uno de los más exitosos de los países emergentes por su crecimiento y sirvió de ejemplo en la región latinoamericana en particular.
“Planificaron, tuvieron 20 años de concertación. Suficiente para poner a Chile como el modelo a seguir en el mundo, suficiente para darle esa estabilidad económica y para que todos hablen de Chile como el modelo de cómo transitar de país latinoamericano del tercer mundo a un país con aspiraciones de ser parte del primer mundo”, indica Gamarra sobre el éxito que tuvo Chile en las últimas décadas en cuanto a su crecimiento económico.
La apreciación del país como el “ejemplo a seguir” comenzó a ser cuestionada cuando miles de chilenos salieron a protestar a las calles de Santiago de Chile en octubre del 2019. Estas manifestaciones fueron retratadas en imágenes reproducidas tanto en medios nacionales como extranjeros.
“La gente empezó a romper las calles, a prender fuego a lo que se pudiera prender. Fue mucha rabia que estaba allí desde hace muchos años y reventó…No fue que la gente dijo ‘organicémonos para protestar el viernes 18 de octubre por la tarde noche’. Sino que simplemente ocurrió, la gente con mucha fuerza y por todo Chile la verdad”, contó Fabres sobre las manifestaciones.
Las movilizaciones se iniciaron por el repentino aumento de la tarifa del transporte público. El gobierno, encabezado en aquel entonces por Sebastián Piñera, anunció un alza en el precio del pasaje del metro a 830 pesos chilenos, es decir $1.06 actualmente.
El gobierno anunció un toque de queda y estado de emergencia en distintas localidades del país, debido a la violencia que se vivió en las calles por las protestas. Posteriormente, Piñera anunció la suspensión en el alza de la tarifa del metro. Pero ese no fue el fin de las manifestaciones.
Nuevamente, el 25 de octubre, la gente volvió a salir a las calles de la capital chilena. Días más tarde, el 10 de noviembre, el presidente ratificó la creación de una nueva constitución a través de un “Congreso Constituyente”.
“Cuando salió el tema de que se podía hacer una nueva constitución fue maravilloso…Hay algo que tu lo ibas sintiendo, ¿por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué estamos amarrados por una constitución que no permite una regularización? Que no permite una fiscalización de ciertas cosas. Entonces al final era la mejor opción”, dijo Pérez.
El nuevo presidente chileno
“Finalmente sale este candidato que es muy joven, con una mirada muy distinta y que es una mirada que un poco se actualiza a la realidad actual y que empatiza mucho con la juventud. Obviamente sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con las personas mayores…Es un presidente que seguramente va a empatizar con todos los sitios vitales”, dice Castillo sobre el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, quien dice que apoyará la redacción de la nueva Carta Magna.
Boric se convirtió en el presidente más joven que Chile y América Latina haya tenido, con 36 años y 28 días de edad. Asimismo, es el mandatario que sacó el mayor número de votos en la historia del país, con un poco más de 4.6 millones de sufragios según el Servicio Electoral de Chile.
Además, ganó la presidencia de Chile siendo parte de Convergencia Social, un partido formado en 2018 tras la fusión de 4 movimientos de izquierda, según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
“Yo creo que es la única posibilidad que hay. Realmente él (Boric) como están las cosas no puede hacer nada. Si no hay una Constitución él no puede avanzar. Es muy poco lo que va a poder hacer…Ellos saben que todas estas dificultades vienen de la Constitución que tienen”, explica la doctora Ana María Bidegain, PhD de la universidad de Lovaina en Bélgica, sobre lo esencial que es una nueva Carta Magna para cambiar el modelo económico y social chileno.
Debido a esto, varios ciudadanos chilenos esperan que el nuevo gobierno apoye la redacción de una nueva constitución y que se ponga más énfasis en disminuir la desigualdad en las 3 áreas de mayor interés social. A partir del 2022 este proceso comenzó y la Convención Constitucional ya ha aprobado artículos con sus respectivos incisos.
La oposición de Gabriel Boric
“Este joven sacó muchos votos, en mi opinión, por el hecho de que el adversario (Kast) era ultra-derechista…para que no saliera este caballero la gente se volcó a votar por Boric. Mucha gente yo se que no era su candidato preferido. Por mi lado no era mi candidato preferido”, dice Mena.
Boric obtuvo una votación histórica en Chile, sin embargo, más del 44% del electorado no votó por él. Uno de ellos es el ingeniero mecánico Carlos Holzapfel.
“No voté por él porque lo encontraba que era una persona joven, joven idealista…de ideales no se vive, básicamente por eso no voté por él”, explicó Holzapfel.
Adicionalmente, Mario Arce, geólogo de Viña del Mar y seguidor de la oposición, indicó que habrían varios negativos con la nueva Constitución impulsada por Boric y la Convención Constitucional.
“Es una nueva Constitución que terminará de derrumbar a Chile…Se expropiarán los ahorros de jubilación de todos los chilenos, no habrá derecho a la propiedad privada, entre otras cosas”, explica Arce, quien sigue políticos como Tere Marinovic. Ella es Constituyente por el Distrito 10 y constantemente sube contenido en contra de la nueva Carta Magna.
Chile con Boric al mando
“Saben del tema. Incluso hay algunas personas que no vienen necesariamente de grupos de izquierda pero saben del tema y él los ha puesto. Todo eso es la esperanza que tienen ellos”, explica la Dra. Bidegain sobre cómo el presidente Boric ha conformado su gabinete.
Igualmente, Holzapfel indica que ve de manera positiva el nuevo gabinete creado por Boric, entre ellos la elección de Nicolás Grau como Ministro de Economía.
“Una persona muy preparada, muy estudiosa en todo el tema económico. Para mí eso fue una buena decisión de Boric, veo en eso una buena intención y un deseo de hacer las cosas bien”, dice Holzapfel sobre Grau, quien es doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania.
Además, explicó que para él; un modelo ideal para Chile sería en base a mercado, pero con ‘la cancha bien marcada’ de parte del estado. Es decir que el estado debe informar de antemano los límites que la empresa privada debe tomar en cuenta.
Sin embargo, para Gamarra este ideal es un poco complicado ya que las limitaciones impuestas por el estado disminuyen el interés del capital extranjero en el país.
Pero Gamarra afirmó que si un país latinoamericano puede alcanzar un balance óptimo entre el estado y la empresa privada y convertirse en un ejemplo para Latinoamérica es Chile. Esto debido a la rica historia política de la nación.
“Es muy difícil, pero si alguien lo va a lograr es Chile…Por qué? Por el éxito que ha tenido en los últimos 30 años. Precisamente por eso porque la izquierda chilena es mucho más madura que la venezolana o la de Ecuador. Definitivamente 100 veces más madura que la izquierda boliviana. Un Boric no es un Maduro o un Morales y definitivamente no es un Correa. La izquierda chilena ha tenido experiencia en gobierno”, explica Gamarra.
Solo queda esperar y ver que deciden los chilenos de aquí a septiembre y si de las cenizas de las manifestaciones sale una nueva Constitución y un nuevo modelo económico o si las cosas siguen sin alterarse.
